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Desmilitarizar México: la promesa que AMLO rompió

A pesar de haber prometido desmilitarizar la seguridad pública, durante sus dos años en el cargo el presidente López Obrador ha ampliado los poderes de las fuerzas armadas mexicanas de una manera sin precedentes, más allá de las tareas de seguridad nacional.
Desmilitarizar México: la promesa que AMLO rompió

A pesar de haber prometido desmilitarizar la seguridad pública, durante sus dos años en el cargo el presidente López Obrador  ha ampliado los poderes de las fuerzas armadas mexicanas de una manera sin precedentes, más allá de las tareas de seguridad nacional.

La reciente liberación de una cárcel estadounidense del general Salvador Cienfuegos, exjefe de la Secretaría de Defensa de México (SEDENA), por motivos de relaciones exteriores, nos dice algo sobre el nuevo papel de los militares en el gobierno mexicano.

Rara vez los funcionarios de justicia de Estados Unidos aceptan retirar los cargos con tanta facilidad. Cienfuegos se había encontrado en el lado equivocado de acusaciones bien documentadas de tráfico de drogas y lavado de dinero. Pero llevar al general a juicio en Estados Unidos habría arrojado una luz incómoda sobre el ejército mexicano, arrojando sospechas sobre una institución que se ha convertido en una pieza central de la estrategia del gobierno.

El primer evento emblemático de lo que vendría para las Fuerzas Armadas se produjo durante el primer año de AMLO en el cargo con la creación de la Guardia Nacional Mexicana. A pesar de ser constitucionalmente una fuerza de seguridad controlada por civiles, la guardia está controlada por un comando operativo militar, obtiene reclutas principalmente de las fuerzas armadas, usa armas y entrenamiento militar y tiene miembros acusados de delitos llevados a prisiones militares en lugar de civiles (esto , a pesar de mantener un marco disciplinario propio).

Como institución, la Guardia Nacional tiene un poder preocupante, manteniendo 44 atribuciones redactadas de manera vaga que van desde la «prevención del delito» y la «interceptación de comunicaciones» hasta «la detención de migrantes y la inspección de sus documentos» y «participación en operaciones conjuntas». El hecho de concentrar estas responsabilidades bajo un mismo techo es en sí mismo preocupante. Entregarlos a los militares, un organismo que no se adhiere a las reglas de transparencia ni siquiera respeta la jurisdicción civil cuando un miembro de sus filas quita la vida a un civil, es motivo de preocupación aún más grave.

La tendencia actual debe entenderse como dos procesos paralelos y simultáneos, el de la militarización (la expansión de los militares en tareas de seguridad pública) y el militarismo (la incursión de los militares en la gobernabilidad). La respuesta del gobierno mexicano al arresto del general Cienfuegos demuestra que el alcance de las fuerzas armadas se ha extendido incluso al ámbito de la política exterior. Si bien el proceso de militarización muestra la incapacidad del Estado mexicano para detener el crimen a través de los canales constitucionales regulares; el militarismo aviva el autoritarismo, obstaculiza la transparencia y elimina el control civil sobre las instituciones militares. Es la viabilidad democrática del Estado mexicano la que está en última instancia en riesgo.

Catalina Pérez Correa es investigadora en derecho penal y profesora del Centro de Investigación y Docencia en Economía (CIDE) y miembro del directorio del Programa Global de Políticas de Drogas (@cataperezcorrea)

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