El 20 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con Rocío Nahle, secretaria de Energía, firmó en Bacadéhuachi, Sonora, el Decreto de Nacionalización del Litio.
Tiene como uno de sus principales objetivos atraer la inversión de más plantas de automóviles eléctricos, los cuales necesitan este mineral para la elaboración de sus baterías.
Esta decisión se da en momentos en que la tendencia del nearshoring -relocalización de líneas de producción- en México ha tenido un auge importante en los últimos años, que se ve reflejado en la Inversión Extranjera Directa (IED) que contabilizó 35 mil 291.6 millones de dólares (mdd) en 2022, lo que significó el mejor registro desde 2015, cuando se obtuvieron 35 mil 943.8 mdd.
En este sentido, este decreto, que ya fue previamente aprobado por el Poder Legislativo del país, declara zona de reserva minera de litio 234 mil 855 hectáreas, que se encuentran en los municipios de Arivechi, Divisadero, Granados, Huásabas, Nácori Chico, Sahuaripa y Bacadéhuachi, del estado de Sonora, de acuerdo con lo que mencionó en su oportunidad la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.
Asimismo, la titular de Economía aseguró que este año se romperá un récord en la IED, por lo que se encuentran en contacto con inversionistas privados y gobiernos de todo el mundo, enfatizando las bondades políticas, económicas, geográficas y naturales del país, entre ellas el litio.
“La nacionalización del litio mexicano, acompañada del profesionalismo laboral de los mexicanos, marcará una nueva era en la industria automotriz, cuyos orígenes en México se remontan a 1925 cuando se inauguró la primera planta de ensamblaje en la Ciudad de México”, aseguró Buenrostro.
Por su parte, López Obrador señaló en su discurso que la decisión también tiene que ver con el compromiso que han tomado los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá respecto a la transición energética dentro de los acuerdos en el T-MEC.
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