Se cumplen 52 años del golpe cívico-militar que, el 11 de septiembre de 1973, derrocó en Chile al gobierno democrático del presidente socialista Salvador Allende Gossens.
Y aún a más del medio siglo transcurrido, los trágicos sucesos iniciados ese día siguen machacando al país, tanto así como que la dictadura, sus víctimas, los victimarios y sus cómplices, son tema de cara a las elecciones generales de noviembre venidero.
Las candidaturas derechistas, de manera muy torpe, han salido a justificar aquello, también a arrepentirse de lo dicho –“probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos”, dijo una-, para después volver a tropezar y, otro, decir que sin “sin duda, absolutamente” apoyaría un nuevo golpe de Estado en caso de repetirse las circunstancias de 1973.
El régimen liderado por el general traidor Augusto Pinochet -Allende lo designó comandante en jefe del ejército 20 días antes del golpe- se prolongó hasta marzo de 1990, periodo en el que gobernó sin piedad a sangre y fuego –“no se mueve ninguna hoja en este país si no la estoy moviendo yo, que quede claro”, diría en octubre de 1981-, y con la insensibilidad requerida para instaurar el régimen neoliberal que dejó a 38 por ciento de la población bajo la línea de pobreza y 17 por ciento de indigentes.
Los homenajes a las más de 40 mil víctimas directas entre muertos, desaparecidos y torturados –como mínimo 3 mil 300 personas fueron asesinadas, de las cuales unos mil 200 son detenidos desaparecidos sin encontrarse, tampoco a qué lugar y en qué fecha fueron lanzados, si bien hay certeza que muchos terminaron en el océano, botados desde helicópteros del ejército-, comenzaron con una romería al Cementerio General de esta capital, donde la identidad de cada una de las mujeres y hombres masacrados, también niños, está tallada en la roca de un memorial.
La semana pasada, a propósito del Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cerca de 150 familiares recibieron archivos con antecedentes personales, testimonios, informes y resoluciones administrativas acerca de cada uno de esos casos.
Dicha entrega fue en el Palacio de La Moneda, donde las agrupaciones de familiares recibieron del presidente Gabriel Boric, un recuento acerca de avance del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
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