Reforma al Poder Judicial propone someter a sus integrantes al escrutinio público

La reforma constitucional al Poder Judicial considera la postulación de abogadas y abogados de diversas universidades, asociaciones y escuelas de Derecho, profesionales independientes e incluso quienes ya se encuentran dentro del mismo, para ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros tras haber sido electos democráticamente por la ciudadanía, puntualizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se está excluyendo a nadie, o sea, a ningún juez, nada más es que se sometan al escrutinio público. Si el juez ha hecho bien su trabajo y va de candidato, la gente lo va a apoyar. Y lo mismo un magistrado, un ministro”, argumentó en conferencia de prensa matutina.

En caso de aprobarse la iniciativa de reforma, las y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Impartición de justicia pronta y expedita

El mandatario indicó que el objetivo es asegurar la impartición de justicia pronta y expedita; poner este Poder al servicio del pueblo y limpiarlo de corrupción.

“Yo quiero, como todos los mexicanos, que los jueces, los magistrados, los ministros, sean empleados del pueblo; el soberano es el pueblo, el pueblo es el que manda, nosotros somos servidores públicos”, expresó.

“Que sea el pueblo el que los elija porque es un principio. Así no se van a sentir comprometidos, o sea, no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económico o político, van a tener como jefe al pueblo, su jefe va a ser el pueblo, que eso es la democracia. Tienen que procurar siempre poner por delante el interés general, no el interés personal, por legítimo que sea; siempre el interés público”, agregó.

El jefe del Ejecutivo recordó el caso de la Ley Eléctrica, votada y aprobada por el Congreso de la Unión, pero anulada en los efectos por sólo dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que únicamente actuaron en beneficio de empresas privadas.