La revisión ministerial realizada en la terminal logística de la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, Guanajuato, abrió un proceso de verificación administrativa sobre uno de los principales centros de almacenamiento de hidrocarburos del Bajío. Frente a los reportes preliminares derivados de la diligencia, analistas del sector energético y representantes de la industria precisaron el alcance de las operaciones en el sitio y descartaron cualquier vínculo con redes de sustracción o de comercio ilícito.
El desglose de los volúmenes sujetos a revisión técnica
La diligencia ministerial documentó la inspección de 10 tanques de almacenamiento que contienen un total de 59 millones 36 mil 870 litros de combustible. De acuerdo con el reporte oficial, dicho volumen se distribuye en 33,5 millones de litros de gasolina regular, 7,2 millones de litros de gasolina premium y 18,2 millones de litros de diésel, además de la retención de tres unidades de carga y de la información contable. El análisis documental preliminar descarta irregularidades operativas en la custodia del producto.
Postura de analistas y antecedentes del nodo logístico
Especialistas del sector explicaron que el combustible inspeccionado en Guanajuato no presenta indicios de procedencia clandestina. El periodista y analista Arnoldo Cuéllar precisó que el asunto se encuentra en una fase preliminar en la que no existe certeza alguna sobre la comisión de delitos. Por su parte, el consultor energético Gonzalo Monroy subrayó que la instalación opera como infraestructura estratégica de almacenamiento para terceros, cuya capacidad técnica resultó indispensable para garantizar el abasto de energéticos en el Bajío durante la contingencia nacional de distribución registrada en 2019.
Régimen de custodia y respaldo de corporaciones internacionales
La planta opera bajo la figura jurídica de depósito y custodia mercantil, lo que significa que la empresa administradora no adquiere, no comercializa ni es propietaria de los hidrocarburos almacenados en sus tanques. Las instalaciones brindan servicios de recepción, guarda y trasvase a empresas comercializadoras que cuentan con permisos legales vigentes en México, así como a firmas globales de la talla de ExxonMobil, Marathon Petroleum y Shell, y atienden los requerimientos de Petróleos Mexicanos.
Cotejo aduanal y origen de la diligencia federal
El expediente federal se originó a raíz de una indagatoria complementaria iniciada en julio, derivada de una descarga de producto en el municipio de San Luis de la Paz. Sin embargo, al arribar a la terminal de San José de Iturbide, las autoridades constataron que el personal laboraba con normalidad y mantenía a disposición la documentación fiscal correspondiente. La resolución final de la diligencia depende de los dictámenes periciales y de la confrontación de las cartas porte, los contratos de depósito y los pedimentos aduanales de importación, comprobantes que sustentan la trazabilidad formal del combustible resguardado.
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