El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la exposición de la iniciativa de reforma constitucional que considera delito grave o de alto impacto la extorsión a fin de impedir que quienes lo cometen sean liberados con facilidad, como actualmente ocurre.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que esta modificación a la Carta Magna enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, aumenta las penas impuestas al transitarse de un delito patrimonial a uno contra la seguridad e integridad de las personas.
El proyecto considera diferentes modalidades de extorsión: engaño telefónico, amenazas telefónicas, los llamados montachoques y montadeudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso y los monopolios en la distribución de diferentes productos, señaló la titular de SSPC en conferencia de prensa matutina.
Estructuras delictivas cometen estos actos, por lo que se plantea modificar la Constitución y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el propósito de desmantelar grupos dedicados a este crimen y llevarlos a proceso judicial, unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones y garantizar la reparación de daños a las víctimas.
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