Reforma de pueblos indígenas y afromexicanos, acto de justicia social

En el Día Internacional de la Lengua Materna, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la iniciativa de reforma al artículo 2° de la Constitución garantiza los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que el eje de esta modificación —propuesta por el Poder Ejecutivo el 5 de febrero— es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, así como el establecimiento de una personalidad jurídica y el patrimonio propio desde la libre autodeterminación.

De esta manera, dijo, tendrán capacidad de ejercer sus derechos por sí mismos, sin ningún tipo de intermediación y tomar decisiones en sus asambleas, que serán respetadas por el gobierno y la sociedad.

Al explicar el contenido y los alcances de la propuesta, el funcionario mencionó que es resultado del proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos celebrado de 2019 a 2021.

“Es muy importante destacar que aquí está la palabra de las autoridades indígenas y representantes que participaron en este proceso. (…) Nosotros afirmamos que esta reforma es un acto de humanidad, es un acto de elemental justicia social, es un elemento constitutivo de la Cuarta Transformación de la República”, resaltó.

Autonomía

Los pueblos indígenas y afromexicanos podrán nombrar y elegir a sus autoridades en asambleas con pleno valor jurídico. Realizar obras y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario. Recibir y administrar recursos públicos de manera directa y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades.

Actualmente la Constitución y las leyes los reconoce como objetos de interés público. Es decir, son tratados como objeto de protección, tutela y asistencia de las normas, políticas y acciones del gobierno y de terceros.

En la propuesta del Ejecutivo se plantea que serán fortalecidos ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía en:

Formas de gobierno y de organización social.
Jurisdicción indígena y capacidad de sus autoridades para ejercerla.
Patrimonio cultural, lenguas indígenas y propiedad intelectual colectiva. Esto evitará plagios en diseños artesanales.
Participación en la construcción de modelos educativos.
Medicina tradicional y reconocimiento a las personas que la ejercen.
Desarrollo integral.
Consulta y consentimiento.
Hábitat, bioculturalidad, integridad de sus tierras y lugares sagrados.