El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, ocurrido el 1° de abril, mientras recorría calles de la comunidad de San Miguel Octopan como parte del inicio de su campaña.
En conferencia de prensa matutina envió el pésame a familiares, amigos y compañeros de quien representaba al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
“Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán y pues estos hechos son muy lamentables porque es gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte”, expresó.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que Adrián Guerrero Caracheo, candidato de Morena a regidor en Celaya, Guanajuato, resultó herido durante el ataque armado y también falleció.
Aseguró que estos hechos no quedarán impunes. Continúan las indagatorias a fin de deslindar responsabilidades ante la presunta falta de atención a los aspirantes por la institución electoral estatal de Guanajuato.
La titular de SSPC reafirmó que el gobierno federal mantiene un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la protección de candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión del proceso electoral 2024.
Los gobiernos estatales y municipales son responsables de la seguridad de candidatos locales. La funcionaria llamó a garantizar la seguridad de esos aspirantes a cargos de elección popular.
Hasta el lunes 1° de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró 108 solicitudes de protección, las cuales corresponden a tres aspirantes a titular del Poder Ejecutivo federal, siete para gubernaturas estatales, 27 por el Senado de la República y 71 por la Cámara de Diputados.
De este total, 86 peticiones han sido atendidas, diez fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo. El protocolo permite atender peticiones en menos de 72 horas.
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