Mujeres activistas amenazadas en México

En México ser mujer y ser defensora de derechos humanos o periodista es un doble riesgo, ya sea que se cuente con un perfil alto o no sea tan conocida el riesgo es igual y las amenazas tienen una probabilidad de que se cumplan.

Los datos del Gobierno federal desde marzo han mencionado cifras donde  790 periodistas y defensores de los derechos humanos se han sumado a la lista de protección, de los cuales 498 son activistas y 292 se dedican a trabajar en medios.

Demostrando el panorama de violencia y la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres que dedican su vida al activismo en México.

Uno de los caso más conocidos es el allanamiento al domicilio de Cacho el 21 de julio en Puerto Morelos, en Quintana Roo.

Donde dos sujetos se llevaron información delicada de interés público relacionado con la pederastia.

En el camino además de ultrajar, asesinaron a dos perras que protegían el inmueble y dañaron objetos y fotografías familiares.

“Se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión”, señaló la institución en un comunicado.

Aunque la agresión obligó a Cacho a huir del país mencionó que no se dejaría amedrentar 

“Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no coloniza mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de #DerechosHumanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde #Justicia #NiñezPrimero”, publicó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, hay activistas que les cuesta la vida en busca de la justicia, tal y como el caso de la activista  Zenaida Pulido Lombera la cual fue asesinada en el municipio Aquila en Michoacán cuando iba a bordo de su vehículo y un grupo armado la atacó a balazos.

“Su asesinato nos deja una profunda tristeza e indignación, porque el caso de Zenaida se une ahora a la lista en la que figuran decenas de víctimas y activistas que por buscar a sus seres queridos han recibido la muerte como castigo en un Estado que no solo no garantiza el derecho a la seguridad de todas las personas, sino que además olvida la vulnerabilidad a la que las víctimas están expuestas”, publicó menciono Paulina Lombera familiar de desaparecidos.