El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la exposición de iniciativa de reforma a la Constitución que ratifica la austeridad republicana como principio rector para la correcta administración del presupuesto, así como el tope salarial para servidoras y servidores públicos.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el proyecto de modificación al artículo 134 constitucional respaldará el ejercicio responsable de los recursos del pueblo.
Los argumentos hacen frente a las resistencias de algunas autoridades que no aplican la política de austeridad republicana, escudándose en la división de poderes, la autonomía constitucional o la soberanía de los estados.
Al respecto, la funcionaria presentó los planteamientos, enviados por el Ejecutivo el 5 de febrero a la Cámara de Diputados, que aseguran la austeridad republicana en todos los niveles de gobierno:
Facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Austeridad Republicana, obligatoria para todos los poderes, niveles y autoridades del Estado mexicano sin excepción.
Prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público.
Suprimir esquemas privados de jubilación, pensión y retiro; seguros de separación, de gastos médicos mayores o de vida; cajas de ahorro o cualquier otro privilegio pagado con recursos públicos.
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