Señalan inconsistencias patrimoniales de Rommel Pacheco

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se encuentra nuevamente bajo escrutinio público tras la revelación de presuntas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales que presentó entre 2020 y 2025.

De acuerdo con una investigación realizada por el medio Proceso, el funcionario habría reportado una propiedad en San Crisanto, Yucatán, mientras que documentos del Registro Público de la Propiedad indican que dicha vivienda se encuentra realmente en Mérida.

En sus declaraciones, Rommel Pacheco asegura haber adquirido en 2013 una casa de 180 metros cuadrados al Ejido de San Crisanto por un monto de 1.64 millones de pesos.

Pero, en el Registro Público aparece un folio electrónico que documenta otra operación: la compra del 50% de una casa en el Fraccionamiento Residencial Montecristo, una de las zonas más exclusivas de Mérida, realizada por Pacheco en 2017, a su expareja, la medallista olímpica Paola Espinosa.

La propiedad completa fue adquirida en 2013 por ambos exdeportistas a la empresa Constructora VNP SA de CV por 1.64 millones de pesos. Esto contrasta con la versión patrimonial declarada por Rommel Pacheco, quien no reportó la adquisición conjunta, sino una supuesta operación independiente con el ejido.

Rommel Pacheco amenazó a Paola Espinosa

Paola Espinosa, consultada por Proceso, confirmó que ella aportó la mayor parte del dinero para la compra de la vivienda, así como para otras dos propiedades adquiridas durante su relación con Rommel Pacheco.

También explicó que él le habría solicitado la cesión total de la casa de Mérida, ofreciéndole inicialmente 600 mil pesos, cantidad inferior al valor estimado del inmueble en ese momento.

La exatleta declaró que accedió por el desgaste emocional y las amenazas que recibió durante el proceso. Según su testimonio, Pacheco utilizó argumentos relacionados con la “ley de concubinato” para influir en su decisión.

Hasta ahora, Rommel Pacheco respondió únicamente que todos sus bienes se encuentran declarados y registrados conforme a la ley, y que la información puede verificarse directamente en el Registro Público de la Propiedad.