México 15 diciembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución de un ministro de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) quien señala válido el acuerdo que cataloga las obras prioritarias del gobierno federal como seguridad nacional.
En este sentido sostuvo que mediante el documento no se buscaba ocultar información, y recordó que la SCJN ordenó transparencia en la construcción de los proyectos.
“Los adversarios dijeron que lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto, es mentira. Ahora la Corte dice ‘adelante con el acuerdo’, o no lo impide, pero debemos presentar información, que es nuestra responsabilidad. Entendemos que la transparencia es una regla de oro”, explicó el mandatario.
Además señaló a sus adversarios por acusarlo de ocultar información e incluso de preparar “un golpe de Estado“. “No hay ningún problema, es que últimamente están magnificando las cosas en la desesperación, todos los que se dedicaban a aplaudirle al régimen”, sentenció.
“Fueron muy buenas las decisiones de la Corte del día de ayer, porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites. Tenemos que estar alegres porque resolvió que hay que transparentar las acciones del gobierno, ya no hubo golpe de Estado”, dijo AMLO.
El primer mandatario aseguró que “solamente tenemos que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba hacer así”. Desde Palacio Nacional López Obrador dijo que no era un asunto de transparencia, de ocultar información, sino que era para poder avanzar, agilizar los trámites de las megaobras.
La tarde del martes la Suprema Corte admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en contra del acuerdo conocido como “decretazo” en materia de proyectos de infraestructura. El alto tribunal concedió una suspensión, lo que impidió por ahora al gobierno federal reservar la información sobre dichos proyectos.
El INAI presentó el 9 de diciembre una controversia constitucional ante la SCJN por el decreto presidencial del 22 de noviembre, el cual declaró a las obras de infraestructura del gobierno federal (Tren Maya; la refinería de Dos Bocas, Tabasco; Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec), como asuntos de seguridad nacional, lo que impide el acceso ciudadano a contratos, licitaciones y demás información sobre las megaobras de la 4T.
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